La Cámara de Senadores aprobó este viernes, con más de dos tercios de los votos, la conformación de una comisión especial de 6 legisladores para investigar en un plazo de tres meses los presuntos vínculos del asesor argentino Fernando Cerimedo con el Órgano Ejecutivo.
La decisión de la instancia legislativa responde a la necesidad de fiscalizar denuncias sobre la presunta injerencia del estratega en actividades de entidades públicas y esclarecer posibles gestiones irregulares.
Senadores que integran la comisión:
- Partido Demócrata Cristiano (PDC): Paola López y Marcelino Flores.
- Libre: Leonardo Roca y José Sánchez.
- Unidad Nacional (UN): Eliana Acosta y Marcelo Cardona.
Dimensión política y alcance de la pesquisa
La investigación parlamentaria centrará su atención en la presunta relación del asesor principal con el entorno del presidente Rodrigo Paz, luego de que el caso adquiriera una marcada dimensión política.
El reporte oficial detalla que “la comisión deberá establecer si hubo vínculos o gestiones de Cerimedo relacionadas con entidades públicas y qué otros funcionarios pudieron participar”. Estos extremos forman parte de la indagación legislativa y no constituyen hechos probados judicialmente.
Situación jurídica y antecedentes del caso
Actualmente, Fernando Cerimedo cumple detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, imputado por el delito de tentativa de feminicidio.
La causa penal se originó el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, cuando su entonces pareja, la abogada Nadia Beller, sufrió un atentado en el que recibió tres disparos por parte de dos sujetos simulando ser repartidores de delivery. Tras sobrevivir, Beller señaló directamente al asesor como el autor intelectual.
Paralelamente, Cerimedo enfrenta un proceso por violencia familiar y doméstica, además de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, tras denuncias de que habría recibido comisiones por contratos estatales de diésel, gasolina y oro. A esto se suma una indagación paralela abierta en el departamento del Beni por presunta protección a vuelos irregulares de avionetas vinculadas al tráfico de sustancias controladas.
