Una investigación legislativa destapó serias irregularidades en la comercialización de combustibles en el país, señalando que la gasolina habría llegado al mercado sin controles de calidad efectivos. El informe concluye que la falta total de verificación permitió la circulación de carburante con alteraciones, generando preocupación por su impacto en vehículos y consumidores.
El documento identifica responsabilidades en exautoridades del área económica y energética, además de decisiones institucionales que habrían facilitado el ingreso y distribución de combustibles sin cumplir plenamente con los estándares técnicos exigidos.
Entre los hallazgos más relevantes, se advierte que los combustibles fueron comercializados antes de contar con certificaciones completas, ya que estos documentos se emiten días después de su importación. Asimismo, se detectaron informes incompletos en parámetros clave como residuos, contenido químico y sedimentos.
Las inspecciones posteriores confirmaron que, aunque algunos análisis iniciales cumplían con lo establecido, estudios más profundos evidenciaron niveles elevados de componentes no permitidos, como gomas, en distintas regiones del país.
A esto se suma la observación de posibles irregularidades en contratos con empresas internacionales, donde se registraron variaciones en pagos que podrían haber generado un daño económico al Estado, bajo sospecha de prácticas vinculadas a corrupción.
