La Fiscalía General del Estado inició una investigación por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados, este jueves, tras recepcionar denuncias de familias cuyas víctimas fueron captadas mediante redes clandestinas que ofrecían falsos empleos en Rusia.
La fiscal superior, Alejandra Rocha, informó que hasta la fecha se formalizó dos denuncias en Santa Cruz, una de ellas correspondiente al 14 de julio, donde se identificaron seis víctimas. Este proceso se suma a la exigencia de asambleístas nacionales, quienes demandaron un informe detallado al Gobierno tras conocerse que al menos 16 ciudadanos estarían en zona de conflicto, exponiéndose a peligros mortales bajo engaños.
El esquema de captación, denunciado por familiares, consiste en la oferta de salarios elevados, entre 16.000 y 20.000 dólares, bajo contratos ambiguos que prometían labores de construcción o pintura. Sin embargo, los reclutados terminan en el campo de batalla. En uno de los casos reportados en mayo, el padre de un joven con problemas de salud denunció su traslado a Rusia, desconociendo hasta hoy su paradero.
Para desarticular esta red, la Fiscalía emitió requerimientos a la Policía y Migración para reconstruir la ruta de salida de los ciudadanos, además de solicitar a la ASFI el rastreo de movimientos bancarios vinculados a las promesas de pago. Asimismo, se realiza un ciberpatrullaje para identificar el origen de los anuncios engañosos en redes sociales.
En tanto, el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, aseguró desconocer el sistema de reclutamiento y deslindó a su legación de cualquier responsabilidad. Por su parte, legisladores como Lissa Claros calificaron el hecho como un tema de gravedad extrema, exigiendo que tanto la representación diplomática como el Estado boliviano asuman acciones concretas para proteger a los connacionales en riesgo.
