La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España vinculó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el cobro de 200.000 euros a cambio de mediar ante el Ejecutivo boliviano en un litigio de 107 millones de dólares. Un informe policial detalló operaciones realizadas entre mayo de 2024 y junio de 2025, donde el exmandatario utilizó contratos de asesoría mediante una empresa fachada para favorecer los intereses del Grupo Gloria en Bolivia.
La investigación, abierta en el Tribunal Central de Instrucción de Madrid, documentó un conflicto originado por una demanda de la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA) contra la filial del conglomerado peruano, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE). El litigio, con una condena ratificada en febrero de 2025, constituyó el núcleo de las gestiones atribuidas al político español.
El mecanismo de intermediación
El esquema operativo utilizó a la consultora peruana Focus Social Research como tapadera para justificar transferencias a la cuenta personal de Zapatero. El contrato, firmado el 10 de mayo de 2024, estableció honorarios de 200.000 euros, además de viáticos diarios. Intermediarios como la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, y la directiva del Grupo Gloria, Ana María Ospina, coordinaron la logística y facilitaron documentación confidencial sobre las disputas legales para ejecutar las gestiones.
Contactos al más alto nivel
El despliegue de influencia incluyó un viaje de Zapatero a La Paz y Sucre en septiembre de 2024, donde mantuvo encuentros con el presidente Luis Arce y altos funcionarios económicos. La coordinación de estas citas ocurrió mediante comunicaciones directas entre el entorno del expresidente y el gabinete presidencial boliviano. Posteriormente, en mayo de 2025, Zapatero mantuvo comunicación telefónica con el presidente Arce para agilizar la intervención del procurador general en favor de la empresa peruana.
Poco después de estas gestiones, el 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano declaró procedente un recurso de amparo presentado por SOBOCE, dejando en suspenso la millonaria condena. Coincidiendo con este fallo, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research ordenó dos transferencias de 50.000 euros cada una a la cuenta de Rodríguez Zapatero, completando el abono íntegro de los 200.000 euros pactados. La UDEF sostuvo la existencia de una relación directa de causa y efecto entre las intervenciones políticas, el beneficio judicial obtenido por el Grupo Gloria y el pago de los honorarios.
