El conflicto social en el departamento de La Paz amenaza con agudizarse luego de que la Federación de Campesinos "Túpac Katari" rechazara formalmente la respuesta enviada por el presidente Rodrigo Paz a su pliego de peticiones. La organización sindical responsabilizó de manera directa al Órgano Ejecutivo por la prolongación de las movilizaciones, las cuales ya cumplen cerca de 50 días de actividad ininterrumpida.
A través de una nota de réplica difundida públicamente, la dirigencia campesina calificó el documento oficial de "insuficiente", asegurando que el Gobierno evitó pronunciarse sobre los ejes centrales de sus demandas. En su pronunciamiento, el sector afirmó con firmeza que la contestación gubernamental no atiende ni responde a los requerimientos esenciales formulados en su conminatoria previa.
Entre las principales exigencias que mantienen trabadas las negociaciones se encuentra la abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, la aplicación de un alivio financiero que congele intereses y cargos por mora durante un periodo de seis meses, y la creación de una comisión técnica para fiscalizar la calidad del combustible en las zonas fronterizas. Asimismo, demandan la anulación de un paquete de decretos supremos y la emisión de una amnistía presidencial para los manifestantes detenidos.
El punto de la amnistía se ha convertido en uno de los mayores focos de discordia. Mientras el Ejecutivo argumentó que el 94% de los procesados ya se encuentra en libertad y exhortó a la Fiscalía y al Órgano Judicial a actuar con celeridad, los "Túpac Katari" cuestionaron la postura oficial argumentando que enfrentar un proceso penal en libertad no extingue la persecución política ni judicial en su contra.
Respecto a las demandas legislativas y financieras, la federación campesina también desestimó los justificativos del Gobierno. Ante la postura del Ejecutivo de que la Ley 1740 es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, el sector recordó que el primer mandatario posee facultades de iniciativa legislativa para impulsar su debate. De igual forma, consideraron que el Decreto Supremo 5630 de reprogramación de deudas, planteado por las autoridades, no sustituye su exigencia de un congelamiento generalizado de intereses.
Ante lo que califican como una falta de respuestas concretas, la Federación Túpac Katari ratificó la continuidad y el endurecimiento de sus bloqueos y protestas en cumplimiento de los mandatos de sus ampliados y cabildos, dejando la resolución del conflicto en manos de una nueva propuesta del nivel central.
