El Gobierno implementó el miércoles la Ley 1741, que autoriza el uso de agentes encubiertos y la entrega vigilada en investigaciones por financiamiento al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas, tras incorporar estas técnicas mediante una reforma al Código de Procedimiento Penal.
La nueva norma, vigente desde su publicación, busca fortalecer la capacidad investigativa del Estado frente a delitos financieros complejos. La reforma amplía el alcance de los artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal, extendiendo la aplicación de estas herramientas a los delitos tipificados en los artículos 133 Bis y 185 Bis del Código Penal.
Detalles técnicos de la reforma
La incorporación del “agente encubierto” permite la infiltración legal en organizaciones criminales. Al respecto, el artículo 282 estipula: “Esta técnica podrá ser incluida también en las investigaciones de los delitos de Financiamiento del Terrorismo, Legitimación de Ganancias Ilícitas y sus delitos vinculados”.
Sobre la “entrega vigilada”, que permite el monitoreo de remesas sin interferencia para desarticular redes completas, el artículo 283 define su objetivo principal: “Descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al proceso y, en su caso, prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos mismos fines”.
Esta reforma de dos artículos representa un cambio estratégico en el procedimiento penal boliviano, facilitando la obtención de pruebas y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.