El Ministerio Público conformó una comisión especial de crisis y contingencia, mediante un despliegue inmediato y coordinado con la Policía Boliviana, médicos forenses y peritos para investigar delitos, agresiones y daños materiales cometidos durante los conflictos sociales en el departamento de La Paz.
Esta nueva célula judicial intervendrá de forma directa cuando las movilizaciones deriven en cercos prolongados, ataques a servicios básicos, crisis institucionales o disturbios de extrema gravedad que pongan en riesgo la seguridad colectiva.
“Esta instancia atenderá casos de agresiones, daños a bienes del Estado y posibles fallecimientos”, explicó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.
Escudo pericial en zonas de conflicto
Para cortar de raíz la retardación de justicia y evitar que las evidencias se pierdan en el caos de las protestas, el equipo trabajará en primera línea junto a efectivos policiales y defensores institucionales. La composición de este contingente se adaptará a la gravedad de cada escenario, incorporando médicos forenses y técnicos especializados según se requiera.
“La finalidad es trabajar de inmediato ante delitos y agresiones, pero respetando siempre el derecho a la protesta”, señaló Torrez.
La medida busca devolver la transparencia a las investigaciones de campo, asegurando que cualquier acto de violencia sea procesado con celeridad para salvaguardar el orden público y proteger a la ciudadanía afectada por los cercos viales.