El Gobierno de Bolivia activó una ofensiva diplomática ante la comunidad internacional. El canciller Fernando Aramayo denunció este viernes que las recientes movilizaciones y bloqueos de carreteras forman parte de una estrategia coordinada que busca desestabilizar el orden democrático y forzar un acortamiento de mandato.
Durante su comparecencia, la autoridad enfatizó que las medidas de presión actuales han dejado de ser reclamos sociales legítimos para convertirse en un atentado político contra la gobernabilidad del país.
La denuncia del Ejecutivo coincide con una semana de alta tensión que ya registra consecuencias fatales. Hasta la fecha, se reporta el fallecimiento de tres personas debido a la imposibilidad de transitar por las rutas bloqueadas.
El jefe de la diplomacia boliviana apuntó a facciones radicales de la oposición y advirtió sobre presuntos indicios de financiamiento irregular detrás de las movilizaciones.
El conflicto ha provocado un cruce de acusaciones en la sede de Gobierno. Mientras el Vocero Presidencial urgió a la ciudadanía y a las instituciones a cerrar filas en defensa de la democracia, sectores de la oposición y analistas locales señalaron que la crisis es el resultado de demandas económicas desatendidas y debilidades institucionales del propio aparato estatal.
