El gobierno de Estados Unidos anunció un endurecimiento de su política migratoria que impacta directamente a países de América Latina y el Caribe. La medida amplía restricciones de visas ya existentes y, en su primera fase, alcanza a 26 personas, aunque sin revelar identidades ni nacionalidades.
La decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, apunta a frenar cualquier influencia o actividad que, según Washington, represente un riesgo para su seguridad o intereses en la región. Las autoridades sostienen que se trata de una herramienta clave para limitar acciones consideradas adversas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que no divulgará los nombres de los sancionados por razones de confidencialidad, pero aseguró que continuará aplicando este tipo de medidas como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio y político en el hemisferio.
