El Gobierno activó una investigación sobre la construcción y equipamiento del Museo de Orinoca, poniendo el foco en la legalidad de su contratación y en la utilidad real de la millonaria inversión ejecutada. La revisión surge en medio de cuestionamientos sobre si el proyecto fue debidamente justificado desde su origen o si respondió a decisiones sin sustento técnico suficiente.
La obra, que supera los 49 millones de bolivianos entre infraestructura y equipamiento, será evaluada en dos aspectos clave: la pertinencia del proyecto en su fase inicial y la elección de la contratación directa, evitando un proceso público. Las autoridades buscan determinar si estas decisiones generaron un beneficio concreto para el Estado o, por el contrario, un posible daño económico.
La investigación no se limita a este caso. Forma parte de una revisión más amplia tras la eliminación de normas que permitían contrataciones directas, lo que ha abierto la puerta a auditar proyectos pasados en distintas instituciones. En este contexto, se anticipa que exautoridades y responsables técnicos deberán rendir cuentas por las decisiones que dieron luz verde a este y otros contratos bajo observación.
