La decisión judicial que ordena 140 días de detención preventiva para Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, abre un nuevo capítulo en un caso que combina acusaciones graves, cuestionamientos probatorios y un proceso aún en disputa.
El fallo establece que la medida deberá cumplirse en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, desde la defensa se sostiene que los fundamentos presentados por el Ministerio Público no son suficientes para justificar una detención de tal magnitud.
Según los abogados del acusado, la Fiscalía no logró demostrar la existencia de la mayoría de los bienes que inicialmente se le atribuyeron. De los 80 inmuebles y 18 vehículos mencionados en la investigación, solo se habría podido acreditar documentalmente la existencia de dos propiedades y dos motorizados. Incluso, uno de los inmuebles cuenta con un gravamen hipotecario vinculado a un crédito obtenido en 2013, lo que, según la defensa, debilita la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
Walter Suárez, parte del equipo legal, calificó la medida como “excesiva” y confirmó que se presentará una apelación. Será una Sala Penal la que evalúe si la determinación judicial se ajusta a derecho o si corresponde modificarla.
El caso, que se inició de oficio, no solo involucra a Marcelo Arce Mosqueira, sino también al exmandatario y a sus otros hijos, Rafael y Camila. De acuerdo con un informe del Viceministerio de Transparencia, el investigado habría ocupado oficinas dentro de YPFB y se le vincula con un supuesto direccionamiento de procesos de contratación para beneficiarse de recursos estatales.
Mientras la investigación continúa, el proceso se perfila como uno de alto impacto político y judicial, en el que aún quedan elementos por esclarecer y decisiones clave por tomar.
