Más de la mitad de las denuncias por violencia contra la mujer en Bolivia terminan siendo rechazadas, no porque los hechos no existan, sino por fallas en la investigación y debilidades estructurales. Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que la falta de pruebas sólidas y las deficiencias en las primeras actuaciones impiden que los casos avancen, dejando a muchas víctimas sin justicia.
El problema también radica en la escasa coordinación entre instituciones como la Policía, el Ministerio Público, el IDIF y los servicios municipales, lo que genera vacíos que son aprovechados por los agresores. Esta desconexión evidencia que, pese a los años de vigencia de la Ley 348, su aplicación sigue siendo limitada y no logra garantizar una respuesta efectiva.
A esta situación se suma una carga económica desigual: la mayoría de los gastos derivados de la violencia atención médica, psicológica y psiquiátrica es asumida por las propias víctimas, mientras el Estado apenas cubre una mínima parte. En medio de este escenario, la problemática continúa ausente en el debate político, reflejando una falta de prioridad frente a una crisis que sigue afectando a miles de mujeres en el país.
