Sebastián Marset ya está frente a la justicia de Estados Unidos y su estrategia parece clara: hablar. El uruguayo compareció ante un tribunal federal en Virginia por una presunta red de lavado de dinero ligada al narcotráfico internacional, en un caso que podría costarle hasta 20 años de prisión si es hallado culpable.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses abrieron una puerta: una eventual reducción de pena a cambio de colaboración. Marset optó por declarar desde el inicio, lo que alimenta la posibilidad de que entregue información clave sobre el funcionamiento interno de la organización que, según la acusación, movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
Las investigaciones apuntan a una estructura criminal sofisticada, con operaciones financieras que cruzaban continentes. En ese engranaje aparece el nombre de Federico Santoro, señalado como pieza clave en el lavado de dinero desde Paraguay. Su rol consistía en canalizar millones de euros provenientes del narcotráfico hacia el sistema bancario internacional, utilizando intermediarios y transferencias para blanquear los fondos.
Santoro ya fue condenado a 15 años de prisión tras declararse culpable, y su caso refuerza la línea investigativa que ahora pone a Marset bajo presión para colaborar.
Mientras tanto, en Bolivia, las autoridades activaron una nueva fase: desmantelar lo que queda de la red. Tras la captura, el foco se trasladó a los vínculos económicos y operativos que aún podrían mantenerse activos en varios países. Según el Gobierno, ya se logró afectar una parte significativa de las finanzas del grupo, pero el desafío ahora es evitar que la estructura se reorganice.
El proceso recién comienza, pero todo indica que el destino de Marset no solo dependerá de lo que se pruebe en su contra, sino también de cuánto esté dispuesto a revelar.
