Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ejecutó la desvinculación de 410 trabajadores en el marco de una reestructuración técnica profunda. La estatal petrolera denunció que la anterior administración dejó una estructura plagada de irregularidades, que incluyen designaciones políticas, casos de nepotismo y movimientos de cargos jerárquicos a puestos menores con el fin de encubrir a personal de confianza y generar inestabilidad.
El presidente de la estatal, Yussef Akly Flores, señaló que este proceso busca corregir daños éticos y técnicos heredados, garantizando que los responsables de cualquier perjuicio económico sean procesados legalmente. Según los informes de talento humano, se detectaron nombramientos irregulares vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) dentro de comités de seguridad, presuntamente utilizados como un mecanismo de protección para funcionarios que ahora enfrentan investigaciones y medidas cautelares.
La crisis se agrava con las declaraciones del presidente Rodrigo Paz, quien atribuyó las fallas recientes en la calidad de la gasolina a un "sabotaje deliberado" por parte de estructuras internas organizadas. Aunque semanas atrás YPFB mencionó que los problemas en los motores se debían a un exceso de goma en el combustible, el Gobierno sostiene ahora que estos actos forman parte de un plan de desestabilización política que ha afectado la capacidad operativa de la empresa durante las últimas dos décadas.
Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que se aplicará "todo el peso de la ley" contra quienes resulten involucrados en delitos que afecten el suministro y la economía nacional. Para recuperar la confianza de la población, YPFB reafirmó su compromiso con una gestión transparente, asegurando la implementación inmediata de mejores controles de calidad, el uso de nuevos aditivos y la activación de un seguro solidario para los usuarios afectados.
