La Central Obrera Boliviana (COB) ha declarado un estado de emergencia nacional tras una reunión ampliada de su Comité Ejecutivo y organizaciones afiliadas en la ciudad de La Paz. La organización matriz de los trabajadores tomó esta determinación en respuesta a lo que consideran una serie de amenazas directas contra las conquistas laborales y la estabilidad económica del país bajo la actual administración de Rodrigo Paz.
El pronunciamiento oficial de la COB pone un énfasis crítico en la transparencia judicial, exigiendo al Ministerio Público acciones inmediatas y claras sobre el caso de las “narco-maletas”. La dirigencia obrera manifestó su profunda preocupación por los recientes hallazgos de narcotráfico en el aeropuerto de Viru Viru, señalando que estos hechos requieren una investigación profunda en el marco de la Ley 260 para evitar la impunidad.
En el ámbito legislativo, la organización obrera ratificó su defensa intransigente de la Ley General del Trabajo. Los dirigentes advirtieron que cualquier intento de aplicar modificaciones regresivas a esta norma será enfrentado con medidas de presión escalonadas, calificando a la ley actual como una conquista histórica que no permitirán que sea vulnerada por iniciativas gubernamentales.
Asimismo, la resolución de la COB exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional el archivo definitivo del proyecto de ley denominado “Antibloqueos”. Según el ente matriz, esta propuesta normativa tiene como trasfondo la criminalización del derecho constitucional a la protesta y a la huelga, herramientas que los trabajadores consideran esenciales para la defensa de sus intereses.
Otro punto de fricción es la posible modificación de la Ley 157, la cual —según la denuncia de la COB— facilitaría el embargo de pequeñas propiedades agrarias a través de una bancarización forzosa. Para el movimiento obrero, esto representa un atentado directo contra la función social de la tierra y el principio de inembargabilidad que protege a los sectores campesinos y productores.
La dirigencia también aprovechó el encuentro para denunciar una campaña de persecución política y difamación en su contra. Rechazaron tajantemente las acusaciones que intentan vincular a la institución con las movilizaciones sociales ocurridas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, asegurando que tales señalamientos carecen de pruebas y buscan debilitar la estructura sindical.
En cuanto a la situación económica, la COB expresó una fuerte alarma por el nivel de endeudamiento externo que está gestionando el gobierno de Rodrigo Paz. La organización advirtió que esta política compromete seriamente la soberanía económica del Estado boliviano y pone en riesgo el bienestar futuro de las familias trabajadoras en todo el territorio nacional.
Finalmente, la reunión concluyó reafirmando el principio histórico de que la emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Con esta declaración de emergencia, la COB se mantiene en sesión permanente y en alerta máxima ante cualquier medida que consideren lesiva para sus derechos o para la estabilidad del país.
