El Gobierno acelera su agenda económica en la Asamblea Legislativa con la expectativa de destrabar al menos tres proyectos de ley considerados clave para la reactivación. Entre ellos destaca la derogación de la norma que limita al 70% el cómputo del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de combustibles, una medida que —según el Ejecutivo— encarece la formalidad y desincentiva la actividad productiva.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que estas iniciativas permanecen pendientes de tratamiento en el Legislativo, en un contexto marcado por recesos parlamentarios y el reciente proceso electoral que, a su juicio, ralentizaron el trabajo normativo. “Esperamos que en los próximos días puedan ser consideradas”, indicó en declaraciones a Unitel.
La eliminación del límite del 70% al crédito fiscal del IVA busca corregir lo que el Ejecutivo considera una distorsión tributaria. Actualmente, cuando una empresa adquiere combustible, solo puede computar el 70% del crédito fiscal, lo que eleva sus costos operativos. Con la derogación, el Gobierno apunta a aliviar la carga impositiva indirecta y fomentar mayor dinamismo en sectores que dependen intensivamente del transporte y la logística.
En la misma línea, el Ejecutivo impulsa la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), otra medida que forma parte de su estrategia para desmontar lo que denomina el “Estado tranca”: un esquema burocrático y tributario que, según la administración, dificulta la formalización y frena el crecimiento.
Más allá de estas reformas inmediatas, el Gobierno proyecta una segunda etapa legislativa para el primer semestre del año, enfocada en nuevas normativas para los sectores de hidrocarburos y agroindustria. Los equipos técnicos ya trabajan en la elaboración de los borradores, con ejes centrados en la liberación de exportaciones, la facilitación del comercio y la atracción de inversión extranjera.
El mensaje oficial es claro: reducir costos, simplificar reglas y generar condiciones para una recuperación económica más ágil. Sin embargo, el avance de esta agenda dependerá no solo de la voluntad política del Legislativo, sino también del clima de consenso que logre construirse en un escenario marcado por tensiones políticas y demandas sectoriales.
