La tensión en el escenario político nacional escaló este miércoles luego de que el vicepresidente Edmand Lara formalizara ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly. La acusación no es menor: conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes.
El eje de la denuncia gira en torno a contratos suscritos entre la estatal petrolera y la empresa Trafigura. Según Lara, en esos acuerdos se habrían detectado irregularidades que derivaron en un sobreprecio estimado en cuatro millones de dólares mensuales. Traducido en cifras acumuladas, el Vicepresidente aseguró que en apenas tres meses el daño económico alcanzaría los 12 millones de dólares.
“En estos tres meses el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”, afirmó, elevando el tono de una controversia que ya había comenzado tras un comunicado oficial de YPFB en el que se rechazaban las acusaciones.
Lara sostuvo que la prueba central de su denuncia son los propios contratos firmados por Akly. “Estamos presentando como prueba los documentos que él mismo ha suscrito. Eso es delito”, enfatizó, marcando distancia con la versión oficial de la petrolera estatal.
Pero la ofensiva no se limita al ámbito declarativo. El Vicepresidente pidió al Ministerio Público la aprehensión inmediata del titular de YPFB y su detención preventiva. Argumentó que, mientras continúe en el cargo, podría interferir en la investigación, alterar documentación o influir sobre posibles testigos.
La controversia también roza al presidente del Estado. Consultado sobre una eventual responsabilidad política, Lara evitó una acusación directa, aunque dejó abierta la interrogante: si la máxima autoridad tenía conocimiento de los hechos y no actuó, corresponderá a las instancias competentes y a la opinión pública evaluar esa conducta. Aclaró, sin embargo, que su posición no responde a enemistades personales, sino a una lucha contra la corrupción.
El caso, más allá de sus implicaciones legales, instala un nuevo foco de conflicto dentro del aparato estatal y anticipa un escenario de confrontación política. Lara aseguró que impulsará el proceso “hasta las últimas consecuencias” y que, si percibe inacción judicial, promoverá movilizaciones para exigir resultados.
Con la denuncia ya en manos de la Fiscalía, el debate se traslada ahora al terreno institucional, donde deberán esclarecerse los contratos cuestionados y determinarse si las acusaciones constituyen un caso de corrupción o un nuevo capítulo de disputa política en el país.
