El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, exigió formalmente al Gobierno nacional la creación de mecanismos de compensación económica para los propietarios de vehículos afectados por la deficiente calidad del combustible distribuido en el país.
Esta postura surge como respuesta inmediata a las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien admitió públicamente la existencia de fallas en el carburante comercializado por YPFB, atribuyendo la problemática a la actual gestión estatal.
Zambrana calificó de "honesto" el reconocimiento de estos errores por parte del Ejecutivo, pero subrayó que la admisión de culpa carece de valor si no viene acompañada de medidas concretas para resarcir a la ciudadanía.
Según el dirigente cívico, numerosos conductores han reportado daños mecánicos severos y fallas en los motores, lo que representa un impacto económico directo en los bolsillos de la población. Ante esta situación, el líder cruceño enfatizó que es imperativo definir responsabilidades técnicas y financieras de forma urgente.
Entre las propuestas planteadas por el Comité pro Santa Cruz destaca la implementación de una reducción temporal de impuestos y patentes vehiculares para aquellos ciudadanos que logren demostrar afectaciones técnicas derivadas del uso de la gasolina defectuosa.
Zambrana sugirió que los gobiernos municipales podrían actuar como intermediarios, canalizando estos descuentos para luego gestionar el cobro respectivo a las instancias nacionales del sector hidrocarburos.
Finalmente, el representante cívico insistió en que el costo de una "mala gestión política" no debe ser transferido a los usuarios. Con esta exigencia, el Comité busca que el Estado asuma el costo de las reparaciones y el mantenimiento preventivo de los vehículos dañados, argumentando que la transparencia gubernamental solo es efectiva si garantiza la protección del patrimonio de los bolivianos frente a las negligencias operativas en la distribución de carburantes.
