El Senado encendió la alarma sobre el costo de volar en Bolivia. En una sesión marcada por críticas al encarecimiento de los pasajes aéreos, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle un proyecto de ley destinado a dejar sin efecto la reciente resolución de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que fijó una nueva escala de tarifas máximas transitorias para los vuelos nacionales.
La presidenta en ejercicio del Senado, Soledad Chapetón, confirmó la aprobación y la remisión inmediata del proyecto a la Cámara de Diputados, donde ahora se definirá el futuro de la norma. La propuesta legislativa, denominada “Ley Corta de Restitución de Derechos de los Usuarios del Transporte Aéreo: Tarifas transparentes para el transporte aéreo”, busca frenar una medida que, según los legisladores, golpea directamente el bolsillo de los pasajeros.
La resolución de la ATT, vigente desde el 26 de enero y con una duración prevista de 180 días, estableció nuevas tarifas máximas que generaron fuerte rechazo en el Legislativo. El principal cuestionamiento radica en que más de la mitad de las rutas aéreas del país superan los Bs 1.000, un monto considerado excesivo para el transporte interno.
De las 17 rutas habilitadas, nueve rebasan ese umbral, entre ellas tramos estratégicos como La Paz–Santa Cruz (Bs 1.118), La Paz–Tarija (Bs 1.158) y La Paz–Trinidad (Bs 1.355). Las tarifas más elevadas corresponden a La Paz–Cobija (Bs 1.552) y La Paz–Puerto Suárez (Bs 1.668), cifras que, según los senadores, limitan el derecho a la conectividad aérea y afectan la integración territorial.
A estos montos se suma un cargo fijo de Bs 15 por el Derecho de Uso de Aeropuerto (DUA) en vuelos nacionales, establecido también por la ATT, lo que incrementa aún más el costo final para los usuarios.
Si bien existen rutas con precios más bajos como La Paz–Cochabamba (Bs 554) o Cochabamba–Sucre (Bs 539)—, los legisladores advirtieron que incluso los tramos considerados “intermedios” se acercan peligrosamente a los Bs 1.000, como Oruro–Santa Cruz (Bs 987) o Tarija–Santa Cruz (Bs 963).
Con la aprobación de esta ley corta, el Senado busca enviar una señal política clara: el ajuste tarifario no puede imponerse sin considerar el impacto social ni el acceso equitativo al transporte aéreo. Ahora, la atención se traslada a la Cámara de Diputados, que todavía no ha fijado fecha para el tratamiento del proyecto, mientras los usuarios esperan una definición que alivie el costo de viajar dentro del país.
