Reunida en Sucre, la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó tajantemente las leyes que pretenden penalizar los bloqueos de carreteras. La organización no solo vetó la propuesta, sino que declaró "enemigos" a los legisladores que impulsan estas normas y lanzó un contraataque directo: convocar a un referéndum para reducir los salarios de diputados, senadores y altos cargos políticos.
El sector obrero también cerró filas contra la intención del presidente Rodrigo Paz de descentralizar la salud y la educación. Para la dirigencia sindical, estas áreas son conquistas sociales que no pueden ser cedidas a gobiernos subnacionales, advirtiendo que la administración de estos servicios básicos es innegociable y debe permanecer bajo control del nivel central.
Con estas determinaciones, el ampliado nacional en la Villa Bolivariana marca una ruptura con el Legislativo y el Ejecutivo. Al endurecer su postura frente a las reformas estatales, la COB se posiciona en un estado de alerta máxima, priorizando la defensa del derecho a la protesta y la estabilidad de los pilares sociales frente a los cambios planteados para este 2026.
