El Ejecutivo boliviano ha iniciado una fiscalización profunda de los acuerdos firmados por la gestión anterior para la industrialización del litio. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió que cualquier indicio de daño patrimonial o irregularidad técnica será motivo suficiente para romper los vínculos con el consorcio chino CBC y la rusa Uranium One Group.
La incertidumbre crece debido a que estos convenios, que prometían inversiones por 2.000 millones de dólares, fueron gestionados bajo reserva y carecen del aval de la Asamblea Legislativa. Ante la presión social y política, el Gobierno evalúa si las condiciones pactadas realmente protegen los intereses del país o si representan un riesgo financiero inaceptable para el Estado.
El futuro de las plantas en el Salar de Uyuni depende ahora del resultado de estas auditorías. Aunque se busca mantener la seguridad jurídica, la prioridad oficial ha dado un giro radical: no se sacrificará el patrimonio nacional por sostener alianzas internacionales que hoy están bajo sospecha de falta de transparencia y legalidad.
