El Gobierno boliviano camina sobre una cuerda floja en torno a los contratos de explotación de litio firmados durante la administración de Luis Arce con empresas de China y Rusia. En el centro del debate se cruzan dos fuerzas difíciles de conciliar: la necesidad de preservar la credibilidad del Estado ante la comunidad internacional y la obligación de proteger los intereses económicos del país.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, expuso con cautela esta encrucijada en declaraciones a Erbol, al confirmar que el Ejecutivo realiza una evaluación técnica y legal de los convenios, los cuales según indicó fueron aprobados de manera reservada. “Se comprometió la fe del Estado”, reconoció, al tiempo que cuestionó que decisiones de esta magnitud se hayan tomado sin transparencia y sugirió que este tipo de prácticas debería prohibirse en el futuro.
Espinoza advirtió que el Gobierno evita pronunciarse de forma categórica sobre el reconocimiento o rechazo de los contratos, debido al historial del país en materia de incumplimientos. “Bolivia tiene una larga trayectoria de deterioro de la confianza”, afirmó, subrayando que el problema trasciende a un gobierno de turno y afecta la imagen del país en su conjunto. “No podemos seguir en esa dinámica”, insistió durante su participación en el programa La Mañana en Directo.
Sin embargo, el ministro dejó claro que la prudencia no implica complacencia. Si la evaluación detecta cláusulas que comprometan los recursos estratégicos o generen perjuicio económico, el Ejecutivo no descarta denunciar los acuerdos y, de ser necesario, romperlos. “Se tomará el mejor camino posible para el país”, aseguró.
Los contratos, firmados durante el mandato de Arce, aún no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre a su futuro. Mientras tanto, el tema ha escalado en el debate público tras las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien sostuvo que los convenios serían respetados.
Estas afirmaciones provocaron duras reacciones desde sectores críticos, especialmente desde Potosí. La diputada Lissa Claros rechazó de plano los contratos, cuestionó la entrega de un recurso estratégico como el litio y llegó a exigir la renuncia del ministro, avivando una polémica que combina intereses económicos, disputas políticas y el eterno dilema boliviano entre desarrollo y soberanía.
