La Fiscalía Departamental de Cochabamba ha formalizado una nueva investigación penal contra Omar M. A. R., quien actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia ejecutoriada por el feminicidio de Ingrid L. C. C. En esta nueva instancia, el Ministerio Público busca esclarecer el paradero y las circunstancias de la desaparición de Yesica G. S., una joven que tenía 17 años de edad cuando se perdió su rastro en el año 2009. El proceso ha sido caratulado bajo el delito de Trata de Personas, luego de que nuevos antecedentes vincularan directamente al sentenciado con la víctima de este caso de larga data.
De acuerdo con la información proporcionada por el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, las pesquisas preliminares se basan en testimonios clave ofrecidos por la familia de la menor desaparecida.
Según el relato del padre de Yesica, la joven residía originalmente en el municipio de Yapacaní, pero en 2009 decidió abandonar su hogar para trasladarse a la localidad de Sacaba. El objetivo de este viaje era iniciar una convivencia sentimental con Omar M. A. R. en un inmueble ubicado en la calle Colombia de dicho municipio, lugar donde se presume que se mantuvo el último contacto con ella antes de que desapareciera sin dejar rastro.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Juan Carlos Aguilera Numbela, aportó datos fundamentales que refuerzan el vínculo entre el investigado y la adolescente desaparecida.
Se ha confirmado la existencia de un hijo en común nacido de esa relación, quien en la actualidad cuenta con 18 años de edad. Este lazo sanguíneo y legal es uno de los elementos que la Fiscalía integra en el cuaderno de investigaciones para reconstruir la cronología de los hechos y determinar la responsabilidad del actual recluso en la desaparición de quien fuera su pareja hace diecisiete años.
La apertura de esta causa representa un avance significativo para la familia de Yesica, que ha buscado respuestas durante casi dos décadas. El Ministerio Público ha enfatizado que, a pesar del tiempo transcurrido, la condición de vulnerabilidad de la víctima al ser menor de edad en aquel entonces y el historial de violencia del acusado obligan a una investigación exhaustiva bajo estándares de género.
Las autoridades no descartan que este nuevo proceso pueda derivar en hallazgos que compliquen aún más la situación jurídica de Omar M. A. R., quien ya cumple la pena máxima en el país.
