El Club Bolívar salió este miércoles enérgica y públicamente en defensa de su gerente general, Eduardo Valdivia, y su director financiero, Juan Carlos Campero, luego de que el fiscal Romualdo Almonte solicitara la imputación formal y detención preventiva contra ambos ejecutivos.
La acción fiscal se da en el marco de la investigación que el propio club denunció en diciembre de 2024 por un desfalco de más de 2.000.000 de bolivianos por parte de exfuncionarios.
Mediante un comunicado, que será publicado como solicitada en matutinos nacionales, el club calificó la decisión del fiscal Almonte como "poco lógica y convincente" y que solo refleja un "ánimo de perjudicar a sus superiores y a la imagen de Bolívar".
El club celeste denuncia que el fiscal adoptó la "falsa teoría" promovida por el principal acusado del desfalco, Jorge Callisaya Montenegro, al considerar a Valdivia y Campero como corresponsables del delito de manipulación informática por supuestamente "no haber detectado las irregularidades" cometidas por los autores materiales.
"Dicho fiscal de materia imputa formalmente a los representantes de la víctima, por no haber evitado los delitos de los victimarios, siendo además que para realizar esta imputación no se ha presentado ni propuesto prueba objetiva ni contundente que pudiese sugerir que Valdivia y Campero hayan actuado en complicidad, colaboración, instigación o encubrimiento respecto de los hechos cometidos por los verdaderos autores del delito investigado", sentencia el comunicado.
El proceso penal, impulsado por Bolívar, comenzó con la denuncia de que tres exfuncionarios desviaron fondos millonarios a sus cuentas: Jorge Callisaya Montenegro y Lucy Arias Llusco desviaron 2.043.113,18 bolivianos, y María Ticona transfirió 499.417 bolivianos a su cuenta.
Las acusadas Arias y Ticona fueron detenidas preventivamente y luego lograron medidas sustitutivas. Fue su defensa la que solicitó la inclusión de los altos cargos del club como responsables del hecho.
El Bolívar advierte que "no permitirá ser sometidos a las típicas prácticas que se convirtieron en normales durante 20 años, en los que la justicia estuvo secuestrada". Finalmente, el club aclaró que Cristina Rocha, para quien también se solicitó detención preventiva, dejó de trabajar en la institución hace más de un año.
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