El 30 de julio, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental suspendió temporalmente las medidas precautorias que prohibían las quemas en áreas con cobertura forestal, tras un recurso judicial orientado a prevenir incendios forestales. Esta suspensión responde a la falta de cumplimiento por parte de las autoridades de entregar los informes requeridos para el seguimiento del proceso.
El Tribunal anuló el Auto de Admisión Ambiental No SP-TAA 003/2025, que establecía la prohibición total e inmediata de quemas y desmontes, pero mantuvo vigente la admisión de la causa y la competencia para reactivar el proceso cuando se reciban los informes pendientes.
Autoridades del Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales debían entregar, en un plazo de 15 días, un informe detallado sobre las medidas implementadas para prevenir incendios. Sin embargo, la ausencia de dichos informes fue calificada por el Tribunal como un “obstáculo material insalvable” para continuar con el caso bajo las condiciones iniciales.
Esta suspensión causó confusión en redes sociales, donde se asoció erróneamente con la “pausa ecológica” para la protección del jaguar, medida que permanece vigente en todas las áreas de alta sensibilidad ambiental. La diputada María René Álvarez aclaró que las medidas para proteger al jaguar no se han levantado.
Álvarez aprovechó para exigir al gobierno un mayor compromiso en la lucha contra las quemas ilegales y los avasallamientos, y pidió que se convoque una sesión en la Cámara de Diputados para debatir la abrogación de la Ley ecocida 741, considerada facilitadora de estos daños ambientales.
Este caso evidencia la importancia de la responsabilidad institucional para proteger el medio ambiente. Sin información ni cumplimiento, las medidas judiciales pierden efectividad, dejando en riesgo los ecosistemas y el patrimonio natural del país.
