El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aclaró este martes que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en territorio boliviano, pese a las recientes denuncias internacionales que vinculan a esta organización criminal con un cargamento ilegal de mercurio decomisado en el puerto del Callao, Perú.
Según reportes de medios peruanos, el cargamento interceptado, formado por bolsas de 25 kilos cada una, habría tenido origen en México y como destino final a Bolivia. De procesarse, este material podría producir hasta cuatro toneladas de mercurio, un elemento sumamente codiciado en el mercado negro por su uso en actividades mineras ilegales que afectan gravemente al medio ambiente y a las comunidades.
El ministro Ríos señaló que la información que relaciona a Bolivia con el cargamento proviene de publicaciones internacionales y que las autoridades nacionales aún no cuentan con datos verificados para emitir un juicio definitivo. En este contexto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ya se encuentra en coordinación estrecha con las autoridades peruanas y mexicanas para profundizar la investigación y esclarecer las rutas y actores involucrados.
“Estamos solicitando toda la información pertinente para determinar si Bolivia fue realmente el destino final de este cargamento y, en ese caso, identificar a los sectores o grupos que podrían estar relacionados”, afirmó el ministro, subrayando que la prioridad es esclarecer los hechos sin adelantar conclusiones.
La pesquisa también buscará confirmar o descartar cualquier vínculo con organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuya presencia en Bolivia aún no ha sido comprobada.
El tráfico de mercurio representa una amenaza grave para la región debido a su estrecha relación con la minería ilegal, una actividad que provoca daños ambientales significativos y vulnera derechos de comunidades indígenas y campesinas. Además, el alto valor comercial del mercurio en el mercado clandestino, que puede oscilar entre 1.000 y 2.000 dólares por kilo, según fuentes internacionales, incentiva la proliferación de este delito transnacional.
El Gobierno boliviano mantiene un seguimiento riguroso de la situación y reafirma su compromiso de colaborar con países vecinos para combatir el crimen organizado y proteger el medio ambiente y la seguridad nacional.
