La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, tras la congelación de más de 2.200 millones de dólares en fondos federales destinados a la investigación. La medida gubernamental busca presionar a la institución para que modifique sus políticas académicas y de admisión.
La demanda, interpuesta en Boston, señala a varios departamentos federales, incluyendo Educación, Salud, Energía y Justicia, acusándolos de exceder sus competencias legales. La Casa Blanca argumenta que Harvard promueve activismo político, especialmente antiisraelí, y que sus programas de diversidad e inclusión discriminan contra la mayoría blanca y cristiana.
Entre las exigencias del gobierno se encuentran auditorías ideológicas, restricciones a estudiantes internacionales considerados hostiles a los valores estadounidenses y la eliminación del reconocimiento oficial a ciertos clubes estudiantiles. El rector interino de Harvard, Alan Garber, defiende que estas medidas atentan contra la libertad de expresión y la autonomía académica garantizadas por la Constitución.
Este conflicto representa una resistencia significativa de una institución académica frente a los intentos del gobierno de influir en su funcionamiento. Universidades como Yale y Princeton han expresado su apoyo a Harvard en esta disputa.
