El hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, ha conmocionado a Colombia y reavivado la preocupación por la persistente violencia en las regiones más vulnerables del país. La Fiscalía General de la Nación confirmó el martes la recuperación de los cuerpos, en una operación conjunta con la Fuerza de Despliegue Rápido #1 del Ejército Nacional.
Según las investigaciones preliminares, las víctimas habrían sido convocadas por integrantes del frente Armando Ríos, perteneciente a las disidencias de las FARC, ante sospechas de que estaban impulsando la creación de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona. Esta situación evidencia la compleja y peligrosa disputa territorial entre grupos armados ilegales que siguen afectando a líderes comunitarios, muchas veces convertidos en blanco por su labor social.
Los fallecidos eran referentes en sus comunidades: hombres y mujeres comprometidos con el tejido social, la fe y la defensa de los derechos humanos. Su asesinato no solo representa una tragedia individual y familiar, sino también un golpe profundo a los procesos organizativos y a la esperanza de paz en las zonas rurales del país.
Este nuevo crimen resalta la urgente necesidad de proteger a quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades, y de avanzar en una presencia estatal real y efectiva que garantice justicia, seguridad y desarrollo en estos territorios.
