El Gobierno boliviano ha encendido el debate nacional con la presentación de un proyecto de ley que plantea elevar significativamente las penas de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos considerados graves, como homicidios o agresiones sexuales.
Actualmente, el régimen penal juvenil reduce en cuatro quintas partes las penas para menores de edad, permitiendo condenas de hasta seis años, incluso en los crímenes más severos. Esta situación, según el Ministerio de Justicia, ha generado una brecha entre la gravedad de ciertos delitos y las sanciones aplicables.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, señaló que “no es razonable que actos atroces reciban castigos tan leves”. En ese sentido, el nuevo proyecto propone elevar el límite de condena a 12 años para adolescentes de 14 a 16 años, y hasta 18 años para los de 16 a 18 años.
Saravia aseguró que la iniciativa responde tanto a una preocupación social creciente como a la necesidad de adaptar el sistema a los estándares internacionales de justicia juvenil. “Se busca un modelo equilibrado que considere el desarrollo evolutivo del menor, pero también los derechos de las víctimas”, afirmó.
El proyecto de ley será enviado a la Asamblea Legislativa en el marco de una serie de reformas vinculadas a Derechos Humanos. Su tratamiento podría abrir un amplio debate sobre la eficacia del sistema actual, el rol de la rehabilitación y la necesidad de una respuesta más firme frente a delitos cometidos por menores.
Sectores defensores de la niñez y organismos de derechos humanos ya anticipan posturas divididas. Mientras algunos apoyan la medida como un acto de justicia, otros advierten que endurecer las penas puede contradecir los principios de protección integral al adolescente.
La discusión está servida, y Bolivia se prepara para reflexionar sobre el verdadero alcance de la justicia cuando los protagonistas del delito no han llegado aún a la adultez.
