La situación legal del expresidente Evo Morales sigue siendo un tema de debate en Bolivia, con la existencia de una orden de aprehensión vigente en su contra. Sin embargo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha aclarado que la ejecución de dicha orden no recae en el Ministerio Público, sino en la Policía Boliviana. Esta distinción de roles genera un punto de tensión sobre la responsabilidad de hacer efectiva la medida judicial, dejando en el aire la pregunta de por qué el expresidente aún no ha sido aprehendido.
Mariaca fue enfático al señalar que el Ministerio Público no posee las capacidades operativas para llevar a cabo una aprehensión. "El fiscal no anda con su pistola, no anda con su laque ni tampoco tenemos todos los implementos necesarios para poder ejecutar, sino estaríamos usurpando funciones", explicó. Con esto, el fiscal general derivó la responsabilidad directamente hacia las autoridades de Gobierno y la Policía, instándoles a responder sobre la no ejecución de la orden, a la vez que afirmó que la Fiscalía acompañará cualquier acción de incursión cuando se les garantice la seguridad.
Desde Tarija, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, respaldó la posición del fiscal general, confirmando que la situación de Morales es de rebeldía y que la orden de aprehensión sigue plenamente vigente. Este pronunciamiento conjunto subraya la formalidad del proceso judicial, aunque sin ofrecer una fecha o plan concreto para su cumplimiento. La claridad sobre los roles de cada institución es crucial para entender por qué, a pesar de la orden, Morales continúa en libertad.
La continuidad de este escenario plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones judiciales y policiales en Bolivia. Mientras la Fiscalía insiste en su rol de dirección de la investigación y no de ejecución, y la Policía no ha actuado, la orden de aprehensión contra el expresidente Morales se mantiene sin ser aplicada, prolongando la incertidumbre sobre su futuro legal y la percepción pública de la justicia en el país.
