El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció que Bolivia acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un financiamiento por 1.900 millones de dólares, recursos que remitirá la próxima semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante un proyecto de ley para su aprobación o rechazo.
El entendimiento, estructurado bajo un programa de 36 meses dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF), está destinado a respaldar las reformas económicas del país.
"Nosotros hemos gestionado la economía boliviana reduciendo el gasto público eliminando acero el financiamiento monetario del déficit fiscal esto es una regla que nosotros hemos puesto desde el inicio de nuestra gestión y se mantiene y se va a mantener así", afirmó el ministro Espinoza.
Por su parte, la representante del FMI, Joana Pereira, confirmó el monto asignado y destacó los objetivos del convenio.
"Respaldar el programa de reformas económicas del gobierno boliviano", señaló Pereira, a la vez que valoró los esfuerzos orientados a restablecer la sostenibilidad fiscal, racionalizar el gasto, fortalecer las redes de protección social y modernizar el régimen monetario y cambiario.
Catalización de recursos y condiciones
Las autoridades señalaron que este crédito oficial funcionará como un catalizador para atraer aproximadamente 5.000 millones de dólares adicionales provenientes de otros organismos multilaterales de desarrollo.
En cuanto a las condiciones del préstamo, el titular de Economía precisó que la tasa de interés se sitúa en torno al 4,5%, considerada una de las más bajas del mercado, e incluye un período de gracia de cuatro años y medio. Asimismo, aclaró que el organismo internacional no impuso condicionamientos externos, sino que se respaldó una propuesta propia basada en hitos concretos como la reducción del déficit fiscal.
El anuncio se produce en un contexto donde las Reservas Internacionales del país alcanzan un equivalente aproximado de 3.600 millones de dólares, de los cuales más de 600 millones se encuentran en divisas. Desde el Ejecutivo manifestaron su expectativa de que el Legislativo acelere el tratamiento de la norma para viabilizar el programa, el cual busca estabilizar la economía nacional y proteger a los sectores más vulnerables.
