En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios clave sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos. El Departamento de Justicia busca determinar cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema bancario y si parte de estas maniobras constituyen delitos de lavado de activos o fraude.
La investigación preliminar, iniciada en 2025, está a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes pusieron la lupa sobre la empresa TourProdEnter LLC. Esta firma, propiedad del productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, operó como el vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA con multinacionales como Adidas y Warner, percibiendo un 30% de los ingresos netos.
De acuerdo con los registros bancarios analizados, la empresa administró al menos 260 millones de dólares de la AFA. Sin embargo, unos 57 millones de dólares se desviaron hacia sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara. Entre las transferencias bajo sospecha figuran pagos a empresas vinculadas al dirigente Pablo Toviggino y su familia, giros a allegados de un supuesto guía espiritual de la selección, y desvíos a cuentas de personas que residen en Argentina y perciben planes sociales.
Como parte de los avances, el empresario Guillermo Tofoni ya mantuvo una declaración reservada de tres horas por videoconferencia con los agentes del FBI. Asimismo, la justicia estadounidense evalúa citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible de la entidad deportiva.
Ante el avance del caso, la AFA comenzó a activar su defensa en Miami a través de su "embajador" en América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado penalista Mariano Lizardo, quienes reclamaron públicamente el respeto a la presunción de inocencia. Las autoridades norteamericanas definirán en los próximos meses si el volumen de pruebas es suficiente para avanzar hacia una imputación penal formal.
