Las autoridades de Trinidad iniciaron una investigación penal y administrativa tras el hallazgo de 350.000 bolivianos en efectivo ocultos en una encomienda aérea que arribó al aeropuerto Jorge Henrich Arauz, procedente de Santa Ana del Yacuma. Por este hecho, cuatro personas se encuentran bajo disposición de las instancias competentes, entre ellas tres efectivos policiales y un civil.
El operativo fue confirmado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien detalló que el dinero estaba camuflado dentro de una bolsa negra. La alerta se encendió durante los controles internos de rutina implementados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en la terminal aérea beniana.
Al verse interceptado por el personal de control, el piloto de la aeronave civil admitió que el paquete contenía dinero y argumentó que el cargamento supuestamente debía ser entregado a un funcionario policial. Ante estos indicios, se convocó de inmediato al Ministerio Público. El conteo oficial del dinero se ejecutó en presencia de fiscales anticorrupción y de sustancias controladas, además de peritos de la FELCC, Transparencia y la Dirección Nacional de Investigación Policial Interna (DIDIPI).
La lista de investigados incluye al piloto encargado del traslado, a un capitán de la Unidad de Móviles de Patrullaje Rural (UMOPAR) de Santa Ana, a una subteniente del sistema BOL-110 y a un sargento del Servicio Aéreo Policial, este último sospechoso de haber despachado la encomienda desde el municipio de origen.
Como parte de las primeras acciones judiciales, la aeronave utilizada para el transporte del efectivo fue secuestrada y precintada por orden fiscal. En los próximos días, el aparato será sometido a un examen técnico de microaspirado para determinar si existen partículas de sustancias controladas en su estructura.
El viceministro Justiniano enfatizó que este caso pone de manifiesto el compromiso gubernamental de endurecer los filtros de fiscalización interna dentro de las mismas fuerzas de seguridad, bajo la premisa de que cualquier alerta o indicio de irregularidad será procesado con rigurosidad.
