La tensión entre el sector del transporte y el Gobierno vuelve a escalar en Bolivia. La Confederación de Choferes anunció un paro nacional escalonado que arrancará el próximo 5 de mayo, en una medida que refleja el desgaste acumulado por problemas que, según los transportistas, llevan tiempo sin solución.
La decisión se tomó en un ampliado realizado en Santa Cruz de la Sierra, donde representantes de 11 federaciones coincidieron en que las respuestas oficiales han sido insuficientes frente a una crisis que afecta directamente su trabajo diario.
En el centro del conflicto está el combustible. Los choferes denuncian fallas en la comercialización, cuestionan la calidad de la gasolina y exigen compensaciones por los daños que —aseguran— ha causado la denominada “gasolina desestabilizada” en los motores de sus vehículos. A esto se suman reclamos estructurales: carreteras en mal estado, escasez de diésel, irregularidades en la distribución de GLP y la falta de más cilindros para facilitar la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).
“El problema ya no es solo técnico, es insostenible”, dejó entrever el ejecutivo del sector, al explicar que la protesta surge tras reiterados intentos fallidos de diálogo.
El paro comenzará con una suspensión de actividades de 24 horas. Sin embargo, la medida está diseñada para escalar: si no hay respuestas concretas, se ampliará progresivamente a 48 y 72 horas, con la posibilidad de convertirse en indefinido.
Más allá del sector, los dirigentes anticipan que el malestar podría extenderse. En su lectura, no se trata únicamente de una protesta gremial, sino de una señal de agotamiento frente a promesas incumplidas y problemas que impactan a toda la población.
