El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentó la medida no solo como un ajuste fiscal, sino como una redefinición de prioridades del Estado. Según explicó, el Gobierno busca establecer un nuevo “pacto con la ciudadanía”: reducir gastos considerados prescindibles para canalizar esos recursos hacia áreas estratégicas como la salud y la educación.
De los 4.100 millones de bolivianos recortados del gasto corriente, más de 1.000 millones serán destinados a estos sectores. Espinoza insistió en que no se trata de gasto social en el sentido tradicional, sino de una apuesta por “inversión social”, con impacto a largo plazo en la calidad de vida y el desarrollo del país.
El plan también contempla una expansión del aparato humano en servicios esenciales: 3.000 nuevos ítems para el sistema educativo y más de 2.300 para el sector salud. A esto se suman refuerzos presupuestarios en áreas como seguridad, Policía y defensa, en un intento por equilibrar bienestar social con estabilidad institucional.
El ministro fue enfático en el origen de los recursos: el ajuste recaerá sobre el propio Gobierno central. Se reducirán viáticos, viajes oficiales y gastos en actividades que, según señaló, no aportan directamente al interés público. “El esfuerzo lo hace el Estado, no la gente”, fue la idea que marcó su intervención.
Finalmente, Espinoza vinculó esta reorientación del gasto con medidas tributarias recientes, como la ley de alivio fiscal y el Decreto Supremo 5563, que amplía el uso de facturas al 100% para profesionales independientes. En conjunto, estas acciones buscan aliviar la carga sobre los contribuyentes mientras se fortalece la inversión en sectores clave.
