Bolivia sufrió un revés definitivo en el ámbito internacional tras el rechazo de su último recurso para anular el fallo que la obliga a indemnizar al BBVA con 105 millones de dólares. La decisión fue emitida por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, cerrando así toda vía legal para revertir el laudo arbitral.
El conflicto se remonta a la nacionalización del sistema de pensiones durante el gobierno de Evo Morales en 2010, cuando la administración privada pasó a manos del Estado. Aunque el banco no cuestionó la medida en sí, denunció irregularidades, retrasos y perjuicios durante la transición hacia la gestión pública, lo que derivó en una demanda internacional.
El caso fue llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 falló a favor de la entidad financiera. Desde entonces, Bolivia intentó sin éxito anular la decisión en instancias internacionales, incluyendo tribunales en La Haya. Con este último fallo, el país queda obligado a cumplir el pago, en un escenario que además incluye costos legales adicionales y sin margen para nuevas apelaciones.
