El Gobierno anunció el inicio de nuevas acciones legales para recuperar los recursos perdidos en el fallido proyecto de las barcazas chinas, una iniciativa que buscaba fortalecer la logística estatal pero terminó generando un daño económico cercano a los 29 millones de dólares. La medida apunta ahora directamente contra las empresas involucradas en la fabricación y transporte de las embarcaciones que nunca fueron entregadas conforme a lo acordado.
Tras concluir los procesos penales contra exfuncionarios algunos con sentencias de hasta 12 años de prisión, las autoridades cambiaron el foco hacia la recuperación del dinero público. El Ministerio de Defensa confirmó que se prepara una demanda contra la empresa fabricante, además de evaluar otras vías legales para exigir compensaciones por los incumplimientos contractuales.
El Ejecutivo sostiene que este paso busca marcar un precedente en la defensa de los recursos del Estado y evitar que casos similares queden impunes, en medio de cuestionamientos que arrastra este proyecto desde su ejecución en gestiones pasadas.
