Desde el centro penitenciario de San Pedro, el expresidente Luis Arce ha demandado que las investigaciones por presuntos vínculos y colaboración con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se extiendan formalmente al gobierno de Evo Morales. El exmandatario sostiene que las irregularidades en la documentación del ciudadano extranjero se originaron durante la administración anterior.
A través de su abogado defensor, Fernando Rivadeneira, el exjefe de Estado manifestó la necesidad de realizar un proceso "prolijo" bajo la premisa de "caiga quien caiga". Según la defensa, fue durante el mandato de Morales cuando se otorgó la cédula de identidad que permitió a Marset desplazarse libremente tanto dentro como fuera del territorio boliviano.
Informes previos del Servicio de Identificación Personal (Segip) respaldan este argumento, señalando que en abril de 2019 se emitieron documentos para el uruguayo basados en un certificado de nacimiento falso, fecha que coincide con la gestión de Morales. Por ello, Arce exige que la justicia actúe con objetividad y evalúe ambos periodos gubernamentales por igual.
Respecto a los operativos fallidos para capturar al narcotraficante en 2023, Arce deslindó cualquier responsabilidad personal sobre una supuesta protección oficial. No obstante, reconoció la posibilidad de que funcionarios policiales o administrativos hayan filtrado información anticipada para facilitar la huida de Marset, instando a que se identifique a los responsables de dicho encubrimiento.
