La Central Obrera Boliviana (COB) manifestó este viernes su rechazo a la posible reducción de hasta el 30% de la masa salarial y del 10% en otros gastos dentro de las empresas públicas productivas, una medida que —según la organización sindical— el Gobierno estaría evaluando aplicar en el marco del Decreto Supremo 5516.
La preocupación surge a partir del artículo 22 del decreto, que establece que las entidades y empresas públicas deben presentar un programa de racionalización de personal y optimización de cargos, como parte de una política de austeridad en la administración estatal.
Para la dirigencia obrera, sin embargo, la austeridad no puede aplicarse de forma generalizada a todas las empresas públicas, especialmente a aquellas que tienen carácter productivo. La COB sostiene que estas entidades generan divisas, recursos propios y miles de empleos directos e indirectos, por lo que cumplen un papel clave dentro de la economía nacional.
En ese sentido, el ente sindical remarcó que muchas de estas empresas no representan una carga para el Estado ni para el Tesoro General de la Nación, sino que en varios casos son autosostenibles, fortalecen el aparato productivo del país y contribuyen al desarrollo económico.
A través de un comunicado, la organización también advirtió que recortes estructurales aplicados sin una política integral de soberanía económica podrían debilitar la capacidad operativa de estas compañías, reducir la producción nacional y poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
Frente a este escenario, la COB exigió al Gobierno garantizar que ninguna medida administrativa o económica afecte la estabilidad laboral, la producción nacional ni el funcionamiento de las empresas públicas estratégicas.
Asimismo, demandó que cualquier decisión que modifique la estructura o funcionamiento de las empresas productivas sea previamente debatida con las organizaciones sindicales y con la propia COB, en el marco de un proceso de diálogo social.
