El atentado contra un periodista en la ciudad de El Alto encendió las alarmas en el país y provocó un pronunciamiento inmediato del Ejecutivo. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó el hecho como un ataque directo no solo a un trabajador de la prensa, sino a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
La autoridad aseguró que se instruyó a las instancias competentes colaborar de manera activa en la investigación para identificar y sancionar a los responsables. Remarcó que el caso no quedará impune y que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
Asimismo, expresó solidaridad con el comunicador afectado, su familia y el gremio periodístico, subrayando que proteger la labor informativa es fundamental para resguardar el sistema democrático y el Estado de derecho en Bolivia.