Con más de dos tercios de respaldo, la Cámara de Senadores aprobó una Resolución Camaral que instruye acelerar procesos penales, auditorías jurídicas y revisiones administrativas vinculadas a los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024. La determinación surge tras el análisis del informe elaborado por la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.
El documento establece nueve disposiciones dirigidas al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura y al mando militar. Entre los puntos centrales, se pide al Fiscal General otorgar celeridad a investigaciones contra exautoridades del Ministerio de Gobierno por la presentación pública de personas aprehendidas ante medios de comunicación sin autorización expresa, así como por la producción y difusión de un documental relacionado con el 26J, en el que presuntamente se habrían utilizado recursos estatales y expuesto datos de investigados.
La Resolución también impulsa indagaciones sobre posibles irregularidades en actuaciones judiciales y administrativas que, según el texto aprobado, habrían obstaculizado funciones de fiscalización parlamentaria o vulnerado normativa vigente. Se mencionan presuntos indicios de delitos como incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el ámbito judicial, se instruye al Consejo de la Magistratura realizar auditorías a procedimientos abreviados vinculados al caso, con el fin de establecer eventuales responsabilidades. En el plano militar, se solicita revisar decisiones internas que derivaron en bajas definitivas de personal, para verificar si se respetaron los plazos y garantías constitucionales.
El Senado dispuso además la remisión de antecedentes al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, como parte del seguimiento institucional.
La medida se enmarca en el trabajo previo de una Comisión Especial de Investigación conformada en la anterior legislatura. Con esta Resolución, el Senado no crea una nueva ley, pero formaliza una posición institucional y activa mecanismos de control y fiscalización dentro de sus atribuciones constitucionales.
