El Congreso boliviano acelera el análisis de los proyectos de ley que buscan sancionar con prisión los bloqueos de carreteras, una medida frecuente de protesta de distintos sectores sociales. Actualmente, existen tres iniciativas en debate dos en Diputados y una en el Senado y se evalúa unificarlas en un solo proyecto para agilizar su tratamiento y aprobación.
La senadora Claudia Mallón, impulsora de la propuesta en la Cámara Alta, anunció que se implementarán mesas de trabajo con participación de organizaciones sociales, empresariales y agropecuarias. Según Mallón, “todos los sectores involucrados deben ser escuchados” antes de avanzar en la norma.
La Central Obrera Boliviana (COB) criticó la iniciativa, señalando que criminalizar los bloqueos desconoce que estas protestas surgen como último recurso cuando los canales de diálogo se cierran. En un comunicado, la COB afirmó que “el bloqueo de caminos no puede leerse de manera simplista como un delito”.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, indicó que tras el análisis técnico se iniciará un proceso de socialización sin límite de tiempo, para asegurar la participación de todos los actores involucrados, incluida la COB.
El Gobierno expresó su respaldo a la iniciativa, destacando la necesidad de garantizar la libre circulación de la población, aunque aseguró que se respeta el derecho a la protesta. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que la ley busca equilibrar estos derechos.
