El Gobierno cerró la puerta a un eventual ajuste del precio del gas licuado de petróleo (GLP) al valor internacional, pese a que la brecha de precios con los países vecinos se ha convertido en uno de los principales motores del contrabando. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, afirmó este lunes que una medida de ese tipo significaría un golpe directo al bolsillo de las familias bolivianas y no está en la agenda gubernamental.
“No existe esa posibilidad. La diferencia sería extremadamente fuerte y ese impacto sobre la economía de las familias bolivianas no está en consideración”, sostuvo la autoridad, ratificando la decisión de mantener la subvención al combustible como un pilar de la política social.
En lugar de trasladar el costo del problema al consumidor, el Ejecutivo evalúa reforzar los mecanismos de control en las fronteras. Justiniano explicó que se analizan alternativas basadas en tecnología para mejorar la fiscalización y frenar el contrabando de exportación, un fenómeno que erosiona el abastecimiento interno y presiona la logística de distribución.
La problemática se refleja en las calles. En varias ciudades del país continúan las filas de ciudadanos en busca de garrafas de gas, una señal de las distorsiones que genera la salida ilegal del producto. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se informó que se incrementó la distribución para atender la demanda, aunque se reconoce que el contrabando sigue profundizando el desabastecimiento.
El incentivo económico es evidente. Mientras en Bolivia una garrafa de 10 kilogramos se comercializa a 22,50 bolivianos, en el mercado internacional su valor puede oscilar entre 100 y 200 bolivianos. Esta amplia diferencia de precios alimenta las redes de contrabando, planteando un desafío estructural para el Estado: contener la fuga del GLP sin afectar la economía doméstica de la población.
