El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ratificó su compromiso con la política de “cero tolerancia” frente a los avasallamientos y el tráfico de tierras rurales, e instó a la población a denunciar formalmente estos delitos con pruebas idóneas ante las instancias competentes.
A través de un comunicado difundido por la Agencia Boliviana de Información (ABI), la entidad recordó que estos actos están tipificados como delitos penales en la Ley 477 y subrayó que todas las instituciones públicas “están obligadas a cumplir y hacer cumplir” la normativa vigente.
La posición del INRA surge luego del intento de toma de tierras registrado el pasado domingo en el municipio de Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, donde la Policía tuvo que intervenir para dispersar a los avasalladores. Sin embargo, productores ganaderos denunciaron el robo de 130 cabezas de ganado durante el incidente.
Ante versiones que vinculan al INRA con supuestas filtraciones de información hacia grupos dedicados al avasallamiento, la institución calificó esas declaraciones como malintencionadas y reafirmó su compromiso de actuar con transparencia y legalidad en todos los procesos agrarios.
“El INRA, en la actual gestión, ha mantenido su posición firme de cero tolerancia ante hechos de avasallamientos y tráfico de tierras rurales, venga de donde venga”, señala el comunicado.
Por otro lado, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, lamentó el estancamiento del proceso de saneamiento de tierras fiscales debido al bloqueo legislativo que impide la aprobación de un crédito de 40 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Llevamos 18 meses con un bloqueo injusto que ha perjudicado el trabajo de regularización de derechos y saneamiento de la propiedad agraria. El INRA ha quedado con mínima capacidad técnica y operativa”, advirtió Núñez en entrevista con Bolivia TV.
El financiamiento rechazado buscaba concluir el proceso de saneamiento a nivel nacional, implementar un catastro rural descentralizado en los nueve departamentos, resolver conflictos agrarios y fortalecer la gestión territorial para contribuir al desarrollo rural sostenible.
Mientras persista el freno legislativo, los avances en la regularización de la propiedad agraria y en la resolución de conflictos rurales seguirán limitados, en un contexto donde la presión sobre la tierra continúa generando tensiones entre comunidades, productores y el Estado.
