En una decisión histórica, la Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos, y de altos cargos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), como sanción por el prolongado incumplimiento de obligaciones judiciales para proteger el Cerro Rico de Potosí.
La medida responde a una denuncia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contra el Estado, por no cumplir la Sentencia Constitucional 1062/2022. Esta establecía como urgente ejecutar trabajos de estabilización y reubicar operaciones mineras por encima de los 4.700 metros, a fin de preservar la emblemática estructura declarada Patrimonio de la Humanidad.
El fallo es contundente: las cuentas del ministro Santos, del presidente ejecutivo interino de Comibol, Reynaldo Pardo Fernández, y del gerente regional de Potosí, Iván Guillermo Fuertes, quedan inmovilizadas hasta demostrar acciones concretas de preservación. El plazo otorgado es de un mes; de no cumplirlo, se aplicarán multas progresivas y se enviarán antecedentes al Ministerio Público para apertura de procesos penales.
La justicia eleva la presión, marcando un precedente: proteger el Cerro Rico ya no es opción, es una obligación judicial.
