La Sala Constitucional Primera de Potosí adoptó una determinación sin precedentes al disponer el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos, y de ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La medida busca forzar el cumplimiento de las acciones de preservación del Cerro Rico, un emblema histórico y cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La decisión surge a raíz de una denuncia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que acusó a las autoridades de incumplir la Sentencia Constitucional 1062/2022. Este fallo, emitido en agosto de 2022, obligaba al Ministerio de Minería y a Comibol a estabilizar la estructura del Cerro Rico y a reubicar a las cooperativas mineras que operan por encima de los 4.700 metros de altitud, una zona considerada de alto riesgo por el deterioro de la montaña.
“Al constatarse el incumplimiento de la SCP 1062/2022, se ordena notificar a la ASFI para que proceda al congelamiento de las cuentas bancarias de los accionados hasta que se cumpla con la citada sentencia, bajo alternativa de multas progresivas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público”, señala la resolución.
El fallo fija además un plazo de un mes para que las autoridades presenten pruebas de las acciones emprendidas en la estabilización del cerro, garantizando tanto la seguridad del terreno como la preservación de su forma original.
La sentencia reafirma la obligación de reubicar a las empresas mineras hacia áreas seguras, con el objetivo de reducir el impacto sobre la cima del Cerro Rico, cuya silueta es considerada símbolo de Potosí y de la historia minera del país.
Más allá del aspecto jurídico, el dictamen abre un nuevo capítulo en el debate sobre la tensión entre la explotación minera y la conservación del patrimonio histórico y natural de Bolivia.
