Un joven de Tarija fue encarcelado durante año y medio en el penal de Morros Blancos por una acusación de violación que resultó ser falsa. Su caso destapa una herida profunda en la justicia boliviana: la facilidad con la que una denuncia puede convertirse en condena anticipada.
La denuncia, realizada en 2023 por una menor de edad, fue tomada como prueba suficiente para enviarlo a prisión preventiva. Según la abogada defensora, Fabiana Vázquez, la menor inventó la historia con el fin de llamar la atención de su madre. Sin embargo, pese a las inconsistencias, el sistema lo trató como culpable desde el inicio.
Durante esos 18 meses, el joven estuvo separado de su familia y de su hija, pagando un precio irreparable por un error judicial. Aunque fue absuelto, aún debe enfrentar un nuevo proceso impulsado por la misma denunciante, esta vez por un supuesto abuso contra otra menor, lo que prolonga la incertidumbre en su vida.
Este caso expone la urgencia de revisar los mecanismos de valoración de pruebas y de garantizar que la prisión preventiva no se convierta en una condena adelantada. Sin cambios de fondo, más inocentes seguirán pagando por un sistema que confunde proteger con encarcelar.
