La Fiscalía de Brasil ha presentado una denuncia formal contra Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por un presunto delito de coacción en el marco del proceso judicial por intento de golpe de Estado contra su padre. La acusación también incluye a Paulo Figueiredo, nieto del último presidente de la dictadura militar.
El fiscal general, Paulo Gonet Branco, anunció la denuncia este lunes, señalando que tanto Bolsonaro como Figueiredo habrían realizado acciones para "intervenir en procesos con el objetivo de beneficiar al expresidente y al propio Paulo Renato Figueiredo Filho", según un comunicado de la Fiscalía. Se les acusa de violar el artículo 344 del Código Penal brasileño, el cual prohíbe el uso de amenazas para favorecer intereses en procesos judiciales.
Acusados se defienden desde Estados Unidos
Ambos acusados, quienes residen en Estados Unidos, respondieron a la denuncia a través de un comunicado en redes sociales, reivindicando su "derecho a solicitar al Gobierno (estadounidense) que corrija los abusos y las injusticias". Argumentaron que, al vivir bajo la jurisdicción de la Constitución de EE.UU., tienen la facultad de "petition the Government for a redress of grievances" (solicitar al Gobierno que corrija los abusos y las injusticias).
Contexto de la denuncia
Esta nueva acción de la Fiscalía se produce apenas cinco días después de que la Cámara de Diputados de Brasil aprobara una solicitud para tramitar con urgencia una ley de amnistía que podría beneficiar a los implicados en las protestas y actos violentos contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo a Jair Bolsonaro.
El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ya había iniciado una investigación contra Eduardo Bolsonaro en mayo por sus acciones en Washington, donde supuestamente incurrió en los delitos de obstrucción a la justicia, coacción y atentado contra la soberanía de Brasil mientras hacía campaña para defender a su padre.
La denuncia actual "pone de manifiesto la persecución política" que, según los acusados, solo refuerza su postura de que una amnistía "amplia, general e irrestricta" es la única salida para la crisis política en Brasil.
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