A menos de cinco semanas de las elecciones generales, el movimiento cívico nacional ha convocado a una jornada de movilizaciones en todo el país para el 22 de julio. El objetivo central: exigir garantías para los comicios del 17 de agosto y denunciar supuestos intentos de postergación impulsados por el ala evista del MAS.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz, anunció la medida en una conferencia de prensa y advirtió que “aquellos que buscan prorrogarse o evitar las elecciones enfrentarán una respuesta del pueblo”. Entre las demandas está también la detención del expresidente Evo Morales, a quien acusan de promover el caos para bloquear el proceso electoral.
Las protestas estarán dirigidas no solo contra el entorno de Morales, sino también contra el Gobierno de Luis Arce, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público, a quienes los cívicos acusan de actuar como operadores políticos para frenar el calendario electoral.
La convocatoria se produce en un clima de creciente polarización. Desde el bloque evista, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) ha advertido que no permitirá elecciones sin Evo como candidato, e incluso ha instruido a sus bases a impedir actividades de campaña en áreas rurales.
El cruce de amenazas y movilizaciones anticipa una fase tensa del proceso electoral, con posibles bloqueos, enfrentamientos y una mayor presión sobre las instituciones del Estado.
